La insorportable gravedad del déficit tarifario

La tarifa eléctrica viene arrojando un déficit de tarifa anual y endémico que, una vez revisado y calculado, se reconoce (¿?) a regañadientes por el Ministerio de Industria, al sector eléctrico. Un déficit causado porque la tarifa se fija de adelante a atrás, de forma que se determina el precio del kilowatio y luego los costes de generación, distribución y resto de conceptos se ajustan ‘por lo político’. Cuestión que está presente desde la reforma del sector eléctrico, como un ‘fleco’ a resolver de la regulación y que muchos han aprovechado para cuestionar el mercado eléctrico. Dado que generar energía es una actividad liberalizada (aunque parece que cada vez menos), resulta que hay diferencia entre lo que el gobierno decide y lo que pasa, en realidad. La aprobación de una tarifa para el año 2007 que limita su crecimiento al IPC, va a prolongar este grave problema durante más tiempo.
Es decir, si cuesta más producir la energía por el alza del precio del petróleo o del gas natural, o por la baja capacidad de generación hidráulica, esa diferencia entre lo reconocido y lo retribuido, determina el déficit de tarifa. Si en el año 2005, el déficit se cifró en 3.100 millones de euros, el año 2006, acabará en 3.800 millones de euros, si se incluyen ciertas medidas de reducción como la absorción de los derechos de emisión.
Si las tarifas, se ajustaran periódicamente en función de los precios de generación de la energía, no existiría déficit de tarifa, evidentemente. Pero la tentación cada vez es mayor: los costes de la energía se eleven, el déficit crece cada año más y su proporción en la tarifa de ejercicios venideros va aumentando progresivamente.
Este déficit impide que los usuarios conozcan el verdadero coste de la energía y que puedan tomar decisiones de consumo responsables. Una vez reconocido, se tituliza (por catorce años o así), se le van incorporando intereses financieros y, se va pagando, en cómodos plazos, por los consumidores futuros.
El problema es que los cómodos plazos van ganando una cuota de participación creciente en la tarifa, de forma que hoy, casi el 14% de la tarifa actual pertenece a cuentas a saldar de ejercicios anteriores, en lenguaje puramente contable. Algo muy parecido a una familia a la que se acumulan las letras del piso, del coche, de la nevera, de las vacaciones.
¿Consumidores engañados o reconfortados?
En paralelo, se ha ido generando un temor atávico en la Administración a que se pudiera producir una subida de tarifas o la incorporación de algún mecanismo más o menos automatizado para adecuar de manera más real los costes de la energía a su realidad, como ocurre en el mercado de los carburantes. Sólo hay que comprobar el espectáculo político al que hemos asistido, desde los Ministerios de Industria y de Economía, resueltos por la vía política, es decir por la Vicepresidenta del Gobierno. Los consumidores pueden estar tranquilos que hay alguien que piensa por ellos y les dosifica la verdad y les mantiene en su irrealidad, consumiendo sin freno (sarna con gusto no pica, pero mortifica).
El problema reside en que los costes ocultos se instalan en todo el sistema productivo, no se aborda la eficiencia energética, se deteriora la competividad, los costes financieros van elevando el importe de la tarifa de forma lenta e inexorable, se sustituye la lógica empresarial por el ‘convoluto’ que genera transferencias no dimensionadas entre usuarios, empresas, bancos. Y los responsables políticos y administrativos se acostumbran a lo cómodo… a no gobernar.