Los agentes del sector energético trasladan su malestar por la precipitación de Industria en las tarifas del 2007.

Parece que las primeras tarifas que presenta el actual Secretario General de Energía, Ignasi Nieto no van a estar exentas de una fuerte polémica, que proviene de los propios expertos del sector, que aprecian numerosas modificaciones regulatorias no tarifarias (modificación de la regulación sobre la garantía de potencia, introducción de las emisiones de energía primaria) encubiertas dentro del propio decreto de tarifas y que se han introducido muy precipitadamente aprovechando el procedimiento de urgencia elegido por parte de Industria para ponerlas en vigor.
A los rechazos de la Comisión Nacional de Energía a las tarifas para la retribución de las actividades relacionadas con las infraestructuras gasistas (regasificación, almacenamientos subterráneos y determinadas actividades reguladas, como son los gaseoductos) se une la opinión contraria de los Consejos Consultivos de Electricidad y de Hidrocarburos a las mismas, dada la premura de tiempo y precipitación con que se ha gestionado la propuesta desde el Ministerio.
De hecho, esta premura es denunciada por el propio Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía, Fernando Marti y el consejero Javier Peón en sus votos particulares contra la propuesta de tarifas, en los que se recoge la queja generalizada de los miembros del Comité Consultivo dónde están presentes los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas, representantes empresariales, sindicales, organizaciones de usuarios, entre otros. Marti afirma que este es uno de los informes más importantes que debe realizar la Comisión y se reduce a un puro trámite administrativo con esta actuación por parte de la autoridad ministerial. Según Martí y según el estatuto de la CNE, la Comisión debe ser órgano de asesoramiento al gobierno en materia de fijación de tarifas. De hecho, la Directiva Comunitaria de electricidad 2003/54/CE, aún sin transponer, establece que son los órganos reguladores los competentes en la elaboración de las tarifas eléctricas.
Una pequeña crónica de los hechos, nos indica que las tarifas entraron bien comenzado el mes de diciembre en la Comisión Nacional de Energía. A los pocos días de entrar en el órgano regulador los proyectos de Decretos y Ordenes Ministeriales, tuvieron que convocarse y posteriormente reunirse (lo que ocurrió los días 18, 19 y 21 de diciembre) los distintos consejos.
En este plazo, se elaboró el informe de los servicios, se convocó y reunió a los Consejos Consultivos, al día siguiente se reunió el Consejo de Administración, devolviéndose tres de las cinco normas al Ministerio de Industria.
Todo ello, junto con la modificación directa de las tarifas devueltas por el órgano regulador y su publicación directa en el Boletín Oficial del Estado por orden de la Secretaría General de Energía, confirman que el Ministerio de Industria tiene una visión muy particular e instrumental de un órgano presuntamente independiente.