Todas las trampas de la tarifa eléctrica – 2
Hay más. Uno de los puntos clave del discurso de Peón gira en torno al hecho de que se está revistiendo con el nombre de revisión un proceso que, por sus características, es una reforma en toda regla. Se habla de «revisión de tarifa», mientras que las medidas que contempla el Real Decreto van mucho más allá de una simple subida de precios. Una subida que, según Peón, no está suficientemente justificada.
¿Cuáles son esos cambios que convierten la «revisión» en una «reforma»? Cuestiones que, si atendemos a las explicaciones de Peón, muchas de ellas son consideradas incompatibles con las previsiones de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico por el propio Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CNE.
Cuestiones como, por ejemplo, la eliminación del pago de la garantía de potencia a ciertos sistemas de generación como los parques eólicos. O el complemento por interrumpibilidad, los servicios de gestión de la demanda en el mercado liberalizado o la moratoria nuclear, por nombrar sólo algunos.
Una reforma «ilegal» e «inconveniente»
Peón tacha de ilegal e inconveniente esta reforma disfrazada del marco regulatorio. Una reforma que cambiaría el mercado eléctrico de una forma tan sustancial que el producto final resultaría totalmente distinto del producto original. «A duras penas», dice el consejero, «sobrevive el marco regulatorio a los constantes cambios de los últimos dos años, si se analizan mínimamente algunas de las modificaciones que se introducen».
En una de las observaciones del texto recogido en el voto particular se alude expresamente a la prohibición de forma permanente de la vuelta a la tarifa a determinado tipo de consumidores en el caso de que opten por el mercado liberalizado. Una medida que, advierte, fue ensayada en otros países produciendo el efecto contrario al que se desea (supuestamente, liberalizar el mercado eléctrico): en cuanto el cliente se vea forzado a permanecer en un régimen -mercado liberalizado- sea cual sea la evolución del precio, la prudencia le recomendará quedarse en el mercado a tarifa por lo que pueda pasar. En consecuencia, una traba más a la apertura del mercado, ya que se estaría incentivando que los consumidores permanecieran en la tarifa.
«En la cuantificación de la subida tarifaria que se propone», señala el consejero, «se está considerando como coste de adquisición de la energía la internalización en el precio del pool de los derechos de CO2 asignados gratuitamente por el Gobierno». Una falacia, puesto que, según la propuesta de Orden Ministerial que establece la devolución de dichos derechos, ese coste va a reducirse en 650 millones de euros. Es decir, de nuevo el consumidor estaría pagando más dinero del que le toca.
