Unas tarifas lejanas a la realidad de los costes energéticos

La revisión de las tarifas eléctricas, actualmente en el trámite de la Comisión Nacional de Energía, vuelve a contar con un componente político. De hecho, y aunque su origen fue un precepto legal que ya tuvo en cuenta esta previsión, no se produjo revisión de tarifa en el primer trimestre de este año, evitando su confluencia con las elecciones municipales y autonómicas. No hay que analizar tampoco especialmente la filtración de los informes que maneja el Ministerio de Industria en que se afirma que la electricidad debe subir un 20% para absorber los costes reales, para valorar la oportunidad de los mismos.
De hecho, el propio Pedro Rivero, afirmó en la reunión del Consejo Consultivo que “España es el único país del mundo dónde existe déficit tarifario” y añadió “que si se hubieran subido las tarifas en su momento, hoy estarían bajando”, a la luz de los precios en el mercado mayorista. Declaraciones que suponen un avance en la posición de UNESA el hecho de realizar esta reclamación de elevar el coste de la energía eléctrica.
Las tarifas propuestas siguen un patrón relativamente semejante al de otras ocasiones: trámite de urgencia con la Comisión Nacional de Energía, con el Consejo Consultivo de la Electricidad. Informes a uña de caballo, para que no haya un ejercicio de reflexión suficiente y ponderado por todos los agentes. Curioso, cómo cambia el hecho de que el Ministerio de Industria le conceda a la CNE que elabore la propuesta de tarifas: según se contempla en la Orden, requiere que le envíen este documento ¡con dos meses! de anticipación. Evidentemente, la simetría no es el fuerte de Ignasi Nieto, frente a su capacidad de elaborar Disposiciones Adicionales en los proyectos legales que desarrolla.
Por otra parte, las tarifas mantienen la existencia del déficit tarifario (esta vez ex ante), algo inconcreto en su materialización y, además, tienen la virtualidad de utilizarse para liquidar el ejercicio 2006, mediante la fijación de los precios de referencia para las denominadas operaciones bilateralizadas (en las que se produce la casación de las ofertas de empresas eléctricas generadoras y distribuidoras pertenecientes a un mismo grupo empresarial).
Una pequeña guía de las principales cuestiones que serán claves a seguir en esta revisión de tarifas:
– En referencia a 2006, la fijación del precio definitivo que se reconoce a los distribuidores de la energía que fue asimilada en el marco del artículo 1 del R.D. Ley 3/2006 (casaciones de ofertas y demandas de electricidad del mismo grupo empresarial). La propuesta de revisión de tarifas fija 49,23 euros por MWh, sin que Industria haya justificado el origen de su cálculo y fuera de los referentes del mercado eléctrico.
– El cambio en los precios de alquiler de los equipos de medida con doble discriminación horaria, que puede afectar a millones de equipos y que supondrá una reducción de ingresos no cuantificada para las empresas distribuidoras.
– La incorporación de la figura del aseguramiento de la responsabilidad civil nuclear, todavía no prevista en la legislación española y que tampoco se ha implantado en ningún otro país de la Unión Europea. Este aseguramiento se traduce en una prima que encarece los costes de la energía.
– Eliminación del recargo para los consumos que sobrepasan un cierto nivel, lo que se traduce en una reducción de tarifas para estos consumidores y, además, supone una ‘señal’ que va en contra de las políticas de eficiencia energética.
Permaneceremos atentos tanto a los que dice el Consejo de Administración de la CNE y en cómo acaban finalmente estas tarifas configuradas al estilo ‘muñeca rusa’ (cada precepto encierra una modificación, cada modificación la ausencia de un cálculo encubierto, de un matiz legislativo,… y así).