El porvenir no existe o el procedimiento de dar la vez
En estas que estábamos con la propuesta para aumentar la generación de electricidad mediante carbón nacional, cuando conocemos que se va a arbitrar un mecanismo para drenar el importante embolsamiento generado por el Registro implantado del Real Decreto Ley 6/2009 en las energías de régimen especial, fórmula que se ha hecho extensiva a todas las tecnologías renovables, inspirada en la solución adoptada en su momento para la industria fotovoltaica (R.D. 1578/2008) y cuyos resultados están siendo dudosos. En total, parece que se ponen en circulación unos 5.000 MW más de eólica y 2.339 MW de energía solar térmica, según los datos hechos públicos desde Industria.
El anuncio de que se producirá esta distribución de proyectos ha sido, en primera instancia, una noticia rodeada de cierta polémica y ambigüedad en su difusión, puesto que fue anunciada como una nueva “regulación” (que no lo es), es simplemente la distribución cronológica de la consecuencia de una alteración del entorno legislativo que establecía el Real Decreto 661/2007 vía Real Decreto Ley.
Por otra parte, parece que la segunda polémica al hilo de este anuncio es que esta calendarización de procesos se ha hecho con poco conocimiento de las entidades promotoras. Por tanto, vuelve a sorprender a parte del sector, en la medida que atiende a una visión parcial de todo lo que hay en juego con una medida así. Hay que tener en cuenta que estas tecnologías forman parte efectiva del sector eléctrico español y que los papeles entre fabricantes, promotores y empresas eléctricas (que no siempre coinciden) tienen que ser coherentes, de forma más global con la política energética y la política económica asociada, con su enfoque estratégico, presente y futuro. Lógicamente para que sea coherente debe existir previamente y no ser un ejercicio de cortoplacismo.
En paralelo, en un ejercicio de funambulismo semántico, se trata de hacer una equivalencia perversa de significados y es que esta medida es sinónimo de estabilidad regulatoria. Por tanto, estabilidad regulatoria es “desembalsar” la bolsa generada de proyectos y empezar a resolver los expedientes por el procedimiento de la disolución química a tres años. Y, todo ello, atendiendo a reivindicaciones lógicas de los sectores afectados, en especial aquellos que han notado más la caída de demanda de equipamiento. En todo caso, quede claro que temporalizar los proyectos no es estabilidad jurídica y seguridad regulatoria, porque sería confundir un almanaque con una ley.
Entre tanto, hay que recordar la validez de este compromiso con la estabilidad regulatoria que se puede percibir entre líneas. El Real Decreto Ley cuenta ya con una, puesto que el Ministerio de Industria, por medios interpuestos (Convergencia i Unió) realizó una intentona para abolir esta parte del Real Decreto Ley 6/2009 mediante una disposición adicional a una incidental ley sobre Sociedades Inmobiliarias. En el Congreso se produjo el retracto sorprendiendo a propios y ajenos.
Por tanto, sigue la peripecia de esta película, con una escena final imposible y prolongada de este Plan de Energías Renovables. De hecho, si la intención del regulador era intentar conducir la avalancha de proyectos que se podía producir con un “efecto llamada” (antecedentes por defectos regulatorios había y muchos) derivado del plazo que establecía el R.D 661/2007 (un año, por tecnología, una vez llegado al 85 % del cumplimiento de los objetivos del PER), con esta fórmula se ha conseguido otro efecto llamada no menos importante.
Las noticias, en términos de volúmenes, son que la potencia instalada solicitada en tecnología termosolar estaría en el entorno de los 2.300 MW distribuidos hasta 2013, mientras lo previsto en el PER son 500 MW. Nos situaríamos, por tanto, en casi cuatro veces más que la previsión. Por su parte, en el sector eólico el deslizamiento es proporcionalmente mucho menor. Podría haber del entorno de 8.000 MW solicitados en el prerregistro y se autorizarían 5.000 MW más hasta 2012, lo que dejaría la potencia total eólica en torno a los 23.000 MW, frente a los 20.155 MW, previstos en el PER. Por tanto, la idea del R.D. Ley 6/2009 ha conseguido justo lo contrario que lo que se pretendía inicialmente. Es un modelo que consiste en dar la vez, no por el procedimiento de la competitividad o calidad de los proyectos, sino gracias a la enorme e inusitada capacidad de un país con burocracias latinas para conseguir permisos, autorizaciones y papeles.
Pero las consecuencias de cara al futuro devienen de los volúmenes de primas que se encaraman a la tarifa eléctrica y cómo “calzan” el desarrollo de las energías renovables hacia el futuro en nuestro país para alcanzar los objetivos de 2020. El hecho de que se haya multiplicado por tres la potencia termosolar no es casual, y menos cuando los volúmenes de primas son de 260 euros por MWh, configurando por su impacto económico en el sector energético un sector fotovoltaico bis. De hecho, estos 2.339 MWh termosolares costarán tanto como 20.000 eólicos. Es decir la relación costes/contribución al sistema de las tecnologías no son equivalentes y hay que hacer esta reflexión en el marco de la política económica y energética. Todo ello como si no hubiera pasado. Se trata por tanto de deslices graves que abocan a que en el futuro se cuestione el papel de las energías renovables por una inadecuada ejecución y por la atención de determinados intereses espurios.
Por otra parte, sigue el pantano. Industria dilata el tiempo y aplaza, nuevamente , el nuevo marco retributivo para las tecnologías renovables no incorporadas en el Registro de Preasignación, que es realmente la cuestión relevante de cara al futuro. No hay prisa en las negociaciones y la comunicación sector-Administración se rige por el rigodón sin una articulación seria. El porvenir (que es lo que define la estabilidad regulatoria) no existe.
Y, por ello, es necesario nuevamente llamar la atención sobre la necesidad de contar con una regulación estable (de verdad, no sucedáneos, interpretaciones torcidas o falsificaciones), meditada, pensada y matizada. Que evite la tentación de “intervenir ahora” y pensar después, que comprenda las diferencias de tecnología y de retribución, de acuerdo a una política energética coherente y sostenible medioambiental y económicamente. Pero en serio. Con modelo, no con cortoplacismos, basados en la gestión de intereses que provoquen el harakiri futuro (o que lo deriven a terceros). Tres intentos de intervención momentánea que no tienen en cuenta los efectos futuros tienen en común una forma de entender el sector renovable que da vértigo. Es para pensárselo.
