¿La CNC contra el aumento de la generación de electricidad mediante carbón nacional?
Al final, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha expresado cierta disconformidad con el nuevo y polémico Real Decreto para impulsar la generación de electricidad mediante la quema del carbón nacional y todas sus consecuencias de distorsión del mercado, más emisiones contaminantes, expulsión de tecnologías de generación, incremento y desestabilización tarifaria para los consumidores, desequilibrio financiero para la colocación del déficit y, por si fuera poco, previsible conflicto con las autoridades de competencia comunitarias por su más que probable consideración como ayudas de Estado, además del despropósito generalizado que supone si se profundiza en la cuestión, incluyendo la ruptura del mercado eléctrico. Un poco diluido eso sí.
En todo caso, la CNC ha hecho esta crítica, modelo árbitro que compensa penalties, dentro de su posición referida a las distorsiones que provoca la política de primas a las renovables (que tiene una parte regulatoria, otra retributiva, otra distributiva y otra de administración y calendarización, tan importantes y distorsionadotas, que habría que estudiar cada una por separado), como se ha podido ver con el nuevo Prometeo: la termosolar. De hecho, el Informe del regulador destaca por incoherente la política de impulso a las renovables y, simultáneamente, el apoyo para incrementar la generación mediante carbón. Y, por otra parte, señala que en el caso de determinadas tecnologías renovables el impulso económico podría haber sido excesivo. Habría que analizar qué parte de cada uno de los aspectos anteriores ha sido el responsable.
En todo caso, la crítica de la CNC a estas dos cuestiones, y en especial a la del carbón, se realiza en genérico en la medida que lo ha hecho por una vía indirecta e incidental, un poco traída por los pelos: la inclusión de esta referencia en el Informe relativo al proyecto de Real Decreto Ómnibus derivado de la ley paraguas que adapta la Directiva de Servicios al Sector Eléctrico, bajo el epígrafe «La política de ayudas a determinadas tecnologías de producción».
En realidad, dicho Real Decreto repasa la normativa actualmente existente en este sector y, dado que esta normativa está en fase de elaboración e informe, «la referencia es líquida», como dice el sociólogo Zygmund Bruman. De hecho, se podría decir que tiene carácter de pronunciamiento gestual, un poco para que no se diga qué no se ha dicho. En todo caso, y a pesar de todas sus matizaciones y de la sordina empleada, es razonable aplaudir este posicionamiento colateral, tibio, que se desearía más expreso y firme y dotado de toda la carga «viral» que tiene el organismo hoy respeto de los sectores empresariales a los que fustiga con fruición.
En todo caso, no se sabe si esta posición ha sido motivada por el escándalo montado (hay varias campañas en internet desatadas al respecto), los ecologistas más genuinos están de pies en pared, porque es insoportablemente presentable la medida, por todo lo que se ha destapado en el trámite en la Comisión Nacional de Energía (CNE), por que esto acabe en Europa sin que la Comisión Nacional de Competencia haya dicho esta boca es mía o por aumentar el carácter legendario de sus actuaciones más recientes, aunque no ha tenido tanta repercusión como tienen otras iniciativas recientes.
Lo dicho, interprétenlo como quieran, pero se echaría en falta una posición más expresa en una cuestión de repercusiones tan profundas para el mercado y el funcionamiento eficiente del sector eléctrico. Porque según se puede leer, la CNC está en contra de esta forma de aumentar la producción de energía eléctrica mediante carbón nacional, al menos por coherencia con el impulso de las renovables. O eso parece.
