España es el país con más denuncias ante el CIADI en 2014 por las medidas de Soria

Las medidas del equipo del ministro José Manuel Soria y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, empiezan a ofrecer consecuencias después de ser impulsadas a través de un azaroso proceso que ha ido acumulando retrasos, sorteando imprevistos y que, en consecuencia, ha durado el doble del tiempo esperado en un principio, extendiéndose hasta prácticamente el año. El objetivo, atajar el déficit de tarifa, tendrá que esperar a finales del año e incluso algún mes más hasta que se conozcan con detalle los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) culmine las correspondientes liquidaciones del sistema eléctrico en 2014.
Sin saber si habrá déficit hasta entonces, lo que ya es seguro es que ha generado una escalada de la litigiosidad. En primera instancia, los agentes nacionales del sector eléctrico y varias comunidades autónomas están recurriendo la nueva normativa elaborada por Industria ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. La Justicia tendrá que dirimir si la legislación incurre en una retroactividad propia, en función de si el legislador ha actuado conveniente respecto a la fijación de normas que afectan a situaciones pasadas, o en retroactividad impropia. Para avalar la retroactividad propia, desde instancias judiciales se argumentó que la regulación no puede ser objeto de petrificación y que el Ejecutivo tiene la potestad para modificarla.
Por otro lado, los inversores internacionales empiezan a reivindicar sus derechos ante el CIADI, por lo que, a diferencia de otros litigios ligados al sector eléctrico, principios como la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica y la confianza legítima, no sólo se valorarán desde Madrid sino que también serán examinados desde Washington (Estados Unidos). El CIADI es una institución del Banco Mundial que actúa para resolver, mediante un arbitraje, las disputas entre uno de sus 159 Estados miembro y los inversores de un país extranjero que ven peligrar el retorno del dinero arriesgado ante las actuaciones del correspondiente Gobierno.
Al margen del sector energético, España ha tenido dos casos ante el CIADI, uno aún sin resolver. El primero, iniciado en 1997, lo perdió el Estado en el año 2000 ante un ciudadano argentino por una inversión en una empresa de productos químicos en Galicia, al que tuvo que pagar más de 300.000 euros. El segundo lo presentó un grupo inmobiliario venezolano que desde 2012 reclama 25 millones de euros por un plan urbanístico planteado en Las Rozas (Madrid). En ambos casos, y es algo compartido con la Justicia nacional, la resolución de estos litigios se extienden en el tiempo: una situación que permite pensar que irán más allá del final de la presente legislatura.
Al único caso que España tenía pendiente ante el CIADI se han sumado, en menos de un año, 7 nuevas demandas presentadas por inversores extranjeros en energías renovables en España. De hecho es el país contra el que más demandas se presentaron en lo que va de 2014. Toda una avalancha que ha colocado a España en el cuarto puesto de países con más demandas pendientes en este tribunal de arbitraje. Por delante ningún país de la Unión Europea sino Argentina, Venezuela y Egipto. He aquí el nivel. Un golpe directo a la línea de flotación de la Marca España.
La última en citar a Industria ante el CIADI es el grupo Renergy, cuyo representante legal será el despacho Cuatrecasas y Gonçalves Pereira, que registró su demanda a principios de este mes. Este mismo despacho defenderá también los intereses del fondo británico Infrared, que adquirió en septiembre de 2011 participaciones en dos proyectos termosolares en España. Lo cierto es que las denuncias de las firmas internacionales se concentran en los recortes a las tecnologías solares.
Las otras dos denuncias presentadas durante 2014 contra España son dos de las más relevantes. En primer lugar, la política exterior no fue suficiente para tranquilizar a Masdar Solar, la firma de inversión estatal perteneciente al fondo soberano de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos. Masdar dispone de la planta termosolar Gemasolar, que fue inaugurada en 2011 por el rey Juan Carlos I y el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyanestará. También denunció a España la firma estadounidense NextEra, que cuenta con dos plantas termosolares en Madrigalejo (Cáceres).
A finales de 2013, el fondo británico Eiser y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg presentaron su denuncia contra España; Eiser es socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries, con las que invirtió 935 millones de euros en tres centrales termosolares en el año 2007. Esta demanda se sumó a las ya remitidas por los fondos internacionales Antin Infrastructure Partners y RREEF, que es el fondo de infraestructuras de Deutsche Bank. Tras conocerse estos litigios contra España, el ministro José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20% y que «eso no ocurre en ningún país del mundo porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».
En resumen, las medidas de Industria comienzan a producir sus primeros efectos: una litigiosidad que hace que desde el ámbito internacional también se someta a juicio la retroactividad aplicada en la regulación, más que discutible, así como la retribución de las actividades reguladas que ahora pivotará sobre la rentabilidad razonable, concepto redefinido por el Gobierno como una rentabilidad igual al interés del bono español a 10 años más 300 puntos básicos y calificado como razonable en detrimento del WACC comúnmente utilizado en las economías occidentales. En definitiva, un proceso que se extenderá más allá de 2015 y, consecuentemente, un legado para un hipotético sucesor de Soria al frente del Ministerio.