De la confusión en el debate sobre el autoconsumo: ¿fomento, discriminación positiva o discriminación negativa?

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El torrente informativo que ha provocado la propuesta de regulación del autoconsumo nos debe hacer recapacitar sobre tres posiciones diferenciadas pero que se están poniendo de manifiesto de forma confusa pero intencionada en este debate.

En primer lugar, en algunos medios de comunicación se lee la reclamación de que el Estado “fomente”, es decir que subvencione o beneficie las instalaciones en régimen de autoconsumo. Determinados sectores renovables reclaman esta opción, haciendo una grosera comparación con las políticas incentivadoras existentes en ciertos estados de Estados Unidos donde, por otra parte, existen graves problemas en las redes y, por tanto, su fomento está justificado. Algo que en España no es así, dada la capacidad existente en nuestras redes de transporte y distribución, el desarrollo renovable alcanzado y la potencia instalada de generación de nuestro país. Una posición de “fomento”, subvencionadora del autoconsumo, sería un despilfarro actualmente inasumible.

Una versión light de este fomento del autoconsumo sería la exoneración a las instalaciones en régimen de autoconsumo de los costes de acceso (por otra parte, engrosados por partidas que deberían afrontarse en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la política de renovables pasada) y del impuesto a la generación que deben pagar todos los usuarios cuando utilizan energía generada en el régimen especial. En este caso, estaríamos hablando de discriminación positiva, entiéndase a favor del autoconsumo, frente al resto de consumidores. Tanto esta fórmula como la anterior provocaría un abandono del sistema general de suministro actual, al incluir incentivos para hacerlo, de forma que los consumidores restantes se tuvieran que hacer cargo del sistema, haciéndolo insostenible a medio plazo.

En tercer lugar, y de forma maniquea en el otro extremo, se sitúa la discriminación negativa, consistente en aplicar un conjunto de costes a la actividad que la hicieran prácticamente inviable. Es decir, un modelo disuasorio, que fuera más allá de la lógica económica, jurídica y moral aplicable. De hecho, quienes promueven las instalaciones en autoconsumo, son conscientes de la necesidad de utilización de los servicios de la red, por lo que, es necesario que participen y sufraguen los mismos. Lo que sí está claro es que el sector eléctrico es un sector en red y la solución debe proporcionarse en la red y asumiendo los costes de la red.

El autoconsumo puede ser en el futuro para el PP lo que la fotovoltaica, con su retribución, su regulación y su desmadre, ha sido al PSOE. Proponer una legislación disuasoria y extremista puede ser un bumerán para los populares. Por tanto, la pregunta es si el modelo propuesto, más cercano a la tercera vía que apuntamos, tiene visos de que se virtualice en una norma legal futura, así como si esta regulación propuesta va a gozar de estabilidad con posterioridad al cierre de este legislatura.

A la vista de la situación de nuestro modelo de suministro, la solución razonable pasa, evidentemente, por no subvencionar el modelo de autoconsumo, ni incentivarlo por la vía de discriminaciones positivas hacia el mismo, con el fin de no aumentar la sobrecapacidad conjunta del sistema, ni generar nuevas tensiones. No hay razón para ello. Al mismo tiempo, lo lógico es que se calculen los costes que deben afrontar estas instalaciones en paridad de condiciones con cualquier otro consumidor, evitando una discriminación positiva o negativa con el resto de consumidores.

Se hace necesaria una solución en red y con visión global.