Neutralidad en la regulación del autoconsumo (II)

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Desde la política, y ha sido una constante repetida en el último proceso electoral, los grupos políticos vienen alimentando una visión fantasiosa del autoconsumo como opción dentro del suministro eléctrico para dar un cauce de salida a los consumidores de una tarifa cuya parte fija es creciente por sus propios costes de acceso. No solamente los partidos políticos emergentes, proclives al populismo mágico, han incurrido en este problema. Partidos que han tenido responsabilidades de gobierno están haciendo bandera de esta reivindicación, uniéndose de forma poco meditada a los damnificados de la anterior burbuja.

La regulación del autoconsumo tendrá, por tanto, que oscilar entre lo posible, lo necesario, lo equilibrado y orillar las tentaciones para que sea disuasoria o, lo contrario, para que estimule una burbuja artificial, la sobreinversión y sobrecapacidad de generación, en este caso distribuida. En este escenario, estamos en la fase de que la confusión entre fomento, discriminación positiva o discriminación negativa respecto al resto de consumidores, y falta neutralidad en la regulación. Al margen queda el debate sobre lo cuantioso de los peajes de acceso.

La regulación propuesta del autoconsumo, actualmente de salida en la CNMC, busca disuadir por los peajes que se fijan; se estima que el retorno de la inversión de alrededor de 30 años. La CNMC, por su lado, remarca de forma futurista el papel de la fotovoltaica en el cumplimiento de los objetivos medioambientales españoles de cara a la planificación energética. Pero eso hay que aterrizarlo de acuerdo con el parque instalado, la capacidad, la demanda y la relación competitiva entre tecnologías limpias, con atención a la no discriminación con respecto al resto de consumidores que no pueden utilizar esta tecnología.

Finalmente, siguiendo con la diferencia entre fantasía y realidad, la no asunción de los costes de los servicios de red y de los servicios de acceso también es una posición ilusoria, utópica y discriminatoria con el resto de usuarios, lo que tampoco podría ser una opción, ni siquiera que deviniera en una burbuja incentivadora que causase tensiones financieras al sistema de suministro eléctrico. Y, la otra frontera, el límite de esta fantasía debe ser la no necesidad de subvención actual (o futura por reclamación), de fomento, incentivo o discriminación positivaa este modelo. Del mismo modo, la disuasión no parece sostenible como modelo regulatorio.

Calcular el coste de estos servicios de red en términos no discriminatorios con otros usuarios, es decir, en condiciones de neutralidad incluyendo la fiscalidad a la generación, no debe ser tan complicado sin hacer un ejercicio deliberado y oportunista de amnesia sobre los costes de acceso del sistema actual. Y, probablemente, la solución a este fantástico y fantasioso nudo gordiano.

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