Filibusterismo y conflicto político por el ATC
Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para abordar la cuestión del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares es que España cuenta con un sistema de generación de electricidad diversificado en sus tecnologías, que permite, descontando excesos de la burbuja renovable, contar con un mix de generación eficiente. Esto incluye evidentemente el parque de generación nuclear, cuya función de energía base, sin emisiones contaminantes, participa en ese mix de manera decisiva.
La necesidad de que España cuente con un almacén de residuos nucleares es evidente. La operación del parque actual, del que nadie pide aumentar su número de reactores, lo requiere a la vista de la factura que podría suponer aumentar el grado de expatriación de este proceso. Por eso, es una desgracia enorme que una cuestión de estas características, la construcción del ATC se haya incrustado en la tragedia de la política politizada convirtiéndose en un campo de batalla, es decir, en otro de los conflictos en el ámbito de la energía que evidencian el forcejo institucional del país, hasta convertirse en una pelea de sumo teñida de polémica, por alineación de administraciones y partidos.
Llegamos así a uno de los elementos comunes de este Gobierno en energía: un diagnóstico correcto, pero una instrumentación y articulación pésima, basada en el enfrentamiento y la soberbia, carente de negociación y conducente al conflicto institucional, en el que todos cometen errores y excesos en sus respectivos afanes. Hagamos un repaso reciente de la escalada: las maquinarias se activan tras cuatro años de letargo. No pasa inadvertida la «agilidad” sobrevenida de repente en el CSN, la ocultación de un informe calificado de irrelevante (siendo irrelevante ¿por qué se oculta?), su contradicción sin explicación (qué no significa que sea inexplicable) con los informes geológicos y la existencia de informes pendientes aún, a pesar de lo cual el CSN se pronuncia.
A cuenta de ello se produce, con motivo de este dictamen, un enfrentamiento posicional entre dos consejeros del organismo, Fernando Castelló (favorable al ATC) y Cristina Narbona (desfavorable), agente doble y antinuclear confesa. A ello se suma la discrepancia de voto entre Narbona y la consejera Rosario Velasco, ambas propuestas por el PSOE. Conviene estar atentos a la proyección de Narbona y a su instinto y experiencia política, algo que puede acabar trayéndole de cabeza al presidente del CSN, Martí Scharfhausen, el ex secretario de Estado de Energía que nunca lo fue, que puede verse salpicado por la gestión de este asunto y la penalización de la propia credibilidad de este organismo regulador encargado de velar por la seguridad nuclear.
En la misma línea, de movimiento acelerado, el propio ayuntamiento de Villar de Cañas aprueba un plan urbanístico a uña de caballo para poner alfombra roja a la instalación, que está siendo observado con lupa por la Junta de Castilla La Mancha, que amplía la protección medioambiental de una laguna cercana a petición de una plataforma anti instalación, lo que ocasiona la chispa del conflicto jurídico y del choque de trenes que previsiblemente acabará en los tribunales como un conflicto de competencias con el Estado.
A declaración medioambiental demagógica de la Junta de Castilla-la Mancha, respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, con anuncio de declaración de interés general. Por su parte, desde Industria se acude a la exageración y al maximalismo declarativo: José Manuel Soria considera que de no construirse el ATC, subiría un 30% la tarifa. En el campo de batalla, está también, cómo era lógico, todo el movimiento antinuclear muy bien engrasado.
Los detractores de esta tecnología saben que obstaculizar un proyecto así puede servir para encarecer severamente la operación nuclear en España y beneficiar a otras. Cobrarse esta pieza sería capital y redundaría en beneficios asociados. El Gobierno español se encuentra entre la necesidad de ser friendly ante las elecciones, la menesterosidad del descuido al habérsele echado el tiempo encima, más lo aguerrido de la forma de operar en cuestiones energéticas, jugando siempre a órdago, y no las tiene todas consigo.
Por eso, sin esconderlo, una de las argumentaciones es la formulación política de oposición a la energía nuclear, como reconocía el consejero autonómico de Medio Ambiente en una entrevista en Onda Cero a cuenta del filibusterismo jurídico que el gobierno regional empieza a ejercer contra el ATC de Villar de Cañas. Además de advertir de que los nuevos requerimientos del CSN incurrirían en un sobrecoste imprevisto al proyecto, destacaba su opción política por “otras fuentes de energía de carácter renovable”.
Por eso, también es cierto que la coartada medioambiental de la oportunista ampliación promovida por la Junta contra el proyecto, no resistía las preguntas de Carlos Alsina al consejero y sus grullas, lo que desenmascara a la vez un perfil muy político/politizado de la oposición al ATC que va a ejercer el nuevo gobierno regional de forma indisimulada. Narbona gana la partida en el PSOE.
A todo ello, Villar de Cañas, en medio de este conflicto entre Administraciones, teme que el proyecto se escape, con el empleo y desarrollo asociado al ATC, mientras recibe de su consejero autonómico, recién estrenado, promesas a cambio de la instalación del estilo de las mismas banalidades insustanciales e inconcreciones que prometió Zapatero para promover en su momento el cierre de Garoña una mañana de julio, con un argumentario menos improvisado, alejado de esquematismos y más elaborado desde la comunicación política.
La guerra ha comenzado.
