Inútil y, en su momento, potencialmente peligrosa

Ayer se presentó el informe realizado para evaluar los riesgos sismológicos derivados del almacén de gas Castor. Las conclusiones del informe, elaborado por dos instituciones universitarias y tecnológicas norteamericanas de prestigio, el MIT (Massachusetts Institute Tecnology) y la Universidad de Harvard, son claras en lo que se refieren a la seguridad y los riesgos: la instalación es la causante del gran número de seísmos que se produjeron en la costa de Vinarós (Castellón) durante su llenado, produciendo un estrés importante en la falla de Amposta frente a Tarragona.

Conclusiones claras pero contradictorias con los estudios españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apuntaban a una falla menor no cartografiada. Actualmente, la instalación se encuentra estable y lo mejor es no menealla, optando por una hibernación con un coste de entre 80 y 100 millones de euros anuales, adicionales a la indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria Escal. Castor está actualmente bajo la gestión de Enagás y el vaciado y llenado de este silo podría volver a causar seísmos de hasta 6,8 grados en la escala de Ritcher, según el Informe.

Por otro lado, el desmantelamiento costaría aproximadamente 280 millones de euros, con cargo también a la tarifa de suministro gasista, siendo la alternativa que baraja el Ministerio de Energía. La instalación siempre ha estado rodeada de polémica por una actuación que debería ser un caso de estudio, al margen del riesgo sísmico que genera, en lo que se refiere a la cultura de la sobreinversión en infraestructuras en nuestro país y sobre nuestra calidad institucional.

Por ello deben analizarse los mecanismos de evaluación y decisión de las infraestructuras que van con cargo a los costes de acceso, en términos de su necesidad y su utilidad, o incluso la forma en que se introducen rectificados en sus presupuestos (en el caso del Castor esta cuestión no estuvo exenta de fuerte polémica por los peritajes). Todo ello queda de forma más contundentemente expresado a través de varias preguntas: ¿Era necesaria esta infraestructura si disponemos de una base instalada de regasificadoras que permitían una gestión activa del aprovisionamiento? ¿Por qué nadie plantea la sustitución de Castor tras su hibernación/desmantelamiento por otro almacén gasista?

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha declarado que era difícil de prever todo el devenir sísmico cuando se aprobó el proyecto en el flujograma administrativo español. Lo que nadie le ha pedido al MIT y a Harvard es, de forma complementaria, analizar, si era útil, su necesidad económica, el retorno de la inversión por mejora de la eficiencia en la gestión de aprovisionamiento para el consumidor, los niveles de almacenamiento necesarios con los cambios operados internacionalmente en estos años en los mercados del gas.

Hoy el sistema gasista anticipa un déficit tarifario de volúmenes mucho menores que el que alcanzó el eléctrico pero, eso sí, creciente. Déficit tarifario que se ve desde el punto de vista asépticamente contable para darle apariencia burocrática de normalidad. De esa forma, mediante un proceso pautado de autorización de infraestructuras y su absorción por el consumidor, además de su propia construcción y encarecimiento, tenemos una infraestructura excedente, inane y en su momento, potencialmente peligrosa.