11 asociaciones industriales lamentan que la nueva propuesta regulatoria para el gas mantenga algunas sobrerretribuciones y no reduzca los peajes

Redacción.- Once asociaciones industriales (Acogen, Anfevi, Anffecc, AOP, Ascer, Aspapel, Consejo Intertextil Español, Confevicex, Feique, GasIndustrial y Unesid) denuncian la incertidumbre que genera la propuesta de orden para la prórroga de los peajes y el retraso en la circular que debería aprobarse este mes “y que vuelve a consulta considerablemente modificada”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido la propuesta de orden que establece la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para 2020, en la que el Ministerio prorroga los peajes actuales que estarán vigentes hasta que la CNMC publique los nuevos valores mediante la nueva metodología. La situación de transición de competencias a la espera de la aprobación de varias circulares, unas aún sin pasar por el pleno de la CNMC y otra de vuelta a consulta pública, hacen que la industria viva estos retrasos con seria preocupación e incertidumbre, ya que de dichas medidas depende su competitividad.

Con una demanda de 348 TWh, 2018 registró un superávit de 30 millones de euros; la demanda prevista para 2019 y 2020 será de 390 TWh, por lo que según el Ministerio el saldo será de mayor superávit. En un escenario de contracción del crecimiento económico, con crecientes  síntomas de claro debilitamiento, la industria sigue a la espera de una circular de peajes que devuelva la competitividad y alinee los costes regulados del gas con los del resto de países europeos con los que compite.

Sin embargo, estas asociaciones denuncian que, de momento, los peajes no bajan. Asimismo arremeten contra que se continúe pagando entre 2021 y 2026 “una sobre-retribución en transporte tras la modificación de la correspondiente circular y la laminación de la retribución por continuidad de suministro. Y, en cuanto a la circular de distribución, que ha vuelto a salir a consulta pública, de 2021 a 2026 mantiene las sobre-retribuciones por activos ya amortizados, cifrando estos en 586,4 millones de euros anuales, de los que solo se actualizan gradualmente 239 millones de euros al final del periodo regulatorio”.

En su memoria, la CNMC expone que “las empresas distribuidoras están percibiendo de manera global una sobre-retribución anual de 586,4 millones de euros, importe que se corresponde con la retribución por inversión de activos que se encuentran amortizados, y ello con independencia de la retribución que corresponde a los activos puestos en servicio con posterioridad a febrero del año 2002, activos cuya decisión de inversión siempre fue responsabilidad del distribuidor”.

En el resumen de las alegaciones presentadas, la CNMC cita el informe del Ministerio, diciendo que “el Ministerio señala asimismo que la memoria de la Circular “identifica una sobrerretribución causada por la aplicación reiterada sobre la retribución inicial desde el año 2002 al 2013 de la fórmula de actualización automática incluida en la Orden ECO/301/2002”. Y además, considera que “la sobrerretribución de las actividades reguladas supone trasladar ineficiencias a los precios de venta del gas natural que pagan los consumidores, distorsiona la competencia de esta energía frente a otros combustibles más contaminantes, dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y limita la competitividad de las empresas españolas”.

En este sentido, las asociaciones industriales denuncian que durante los últimos 20 años se han estado pagando sobre-retribuciones por conceptos sin contrapartida y activos ya amortizados y se continuarán pagando en el nuevo periodo regulatorio y hasta más allá del 2026. Según argumentan, “esta situación incumple los principios de metodología de la Ley 18/2014 Artículos 59 y 60 e incumple la Ley 34/1998 texto refundido 2015, en su artículo 92, saltándose el principio de eficiencia y otros de igual relevancia, blindando la cuantía de la retribución de las distribuidoras después de 2026 y sine die”. En los últimos diez años, los peajes que paga la industria “se han incrementado más de un 60%, dañando severamente su competitividad”, aseguran las asociaciones.

La industria espera que la nueva metodología de peajes “sea un instrumento eficaz para adaptar el modelo vigente al objetivo de reconducir los evidentes desequilibrios observados y constatados por la CNMC, haciendo que bajen los peajes”. “¿Pará que una nueva regulación donde todo queda prácticamente igual que estaba? Los retrasos y vueltas atrás y el anuncio de la prolongación de unos peajes que son los más caros de todos los países con los que se compite industrialmente suponen sin duda un incremento en la preocupación e incertidumbre que se vive en estos sectores vitales para la economía nacional”, se reafirman.

La competitividad del gas español ha ido empeorado progresivamente para los consumidores industriales, que soportan precios entre un 20% y un 25% superiores que sus competidores europeos. En costes regulados, los peajes están en España un 45% por encima de los de la media europea: los industriales españoles pagan el doble que los franceses, el triple que los británicos y, en algunos casos, hasta seis veces lo que los alemanes. Sectores como el papelero, siderúrgico, cerámico, cogeneración, químico, vidrio, refino, textil y cualquier actividad intensiva en gas, ven lastrada su competitividad por este sangrante diferencial en los peajes que incide directamente en su rentabilidad y reclaman la pronta resolución del problema ahora que se está diseñando el nuevo marco normativo.

La industria es la base del sistema gasista, suponiendo el 62% del consumo nacional, con una factura de 4.700 millones de euros. Para estas industrias el gas es estratégico, supone hasta el 60% de su coste energético de producción determinando su competitividad, más siendo sectores exportadores. Los peajes condicionan el coste final del gas, un coste estratégico que frena el desarrollo industrial y una desventaja para cientos de industriales españoles y para la actividad económica del país. GasINDUSTRIAL trabaja para conseguir un gas competitivo y defender los intereses de los consumidores industriales que necesitan un suministro fiable y al precio más competitivo posible. Sus objetivos contemplan lograr peajes armonizados con los del resto de Europa.